¿Jurado popular o tribunal profesional? Ésta es la cuestión aún por resolver en el caso Marta del Castillo. Por un lado, la Fiscalía Superior de Andalucía se ha pronunciado a favor de un jurado popular, mientras que los abogados de las defensas piden que un tribunal profesional sea el que juzgue a los cuatro acusados mayores de edad. Esto retrasa aún más el caso en los juzgados, cuando se cumplen dos años de la desaparición de la joven, a la vez que la desesperación de la familia aumenta, pues no ven final alguno.
Para José Joaquín Gallardo, decano del Colegio de Abogados de Sevilla, la opción del tribunal profesional sería la más acertada, porque da más garantías de una acertada resolución y tal y como él mismo indica, «a todos nos interesa que se haga justicia». Según Gallardo, «hay una opinión errónea que tienen muchos ciudadanos sobre si el jurado popular es más duro, pero no se trata de eso, sino de hacer justicia realmente». «Aquí no es cuestión de dureza, ya que la pena la impone finalmente el magistrado y eso, por lo tanto, queda en manos de un profesional», comenta.
«El jurado popular podría garantizar un pronunciamiento de culpabilidad, al dejarse llevar, quizás, por los medios de comunicación y el tratamiento que están haciendo del caso». «El jurado es capaz de apreciar o entender probado algo, pero al final son los jueces los que tienen la última palabra y pueden llegar a anular las sentencias», añade. «Por lo tanto, hay un menor riesgo de error en un tribunal profesional que en uno con ciudadanos. Si éstos toman la palabra y se prueba que no está bien resuelto, se puede dar el recurso de apelación y aquí es cuando entra en juego el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y puede revocar la sentencia». «El caso Marta se debería desarrollar con todas las garantías para que el "calvario procesal" de la familia sea el menor».
Inseguridad jurídica
En el caso Marta se da en estos momentos inseguridad jurídica sobre quién tiene la competencia de enjuiciar, según Gallardo, ya que hay determinados delitos como el homicidio, el asesinato o el allanamiento de morada que sí deben ser juzgados por jurado popular (según el catálogo de hechos delictivos de España), pero cuando se dan varios delitos hay que atenerse a la doctrina fin del Tribunal Supremo, es decir, habría que atenerse a cuál fue la intención de los implicados en el momento del crimen. Por tanto, la Fiscalía aboga por el jurado popular ya que «el delito de asesinato hubiera sido producido por los autores con la finalidad de ocultar o favorecer la agresión sexual».
Al final, según comenta Gallardo, será el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que deberá resolver quién debe enjuiciar el caso. «Esto es una debate que tenemos, pero no sabemos dónde está la verdad. No sabemos aún cuál es el criterio definitorio para este tipo de casos».
Juicios separados, diferentes sentencias
El juicio del menor implicado en el caso, conocido como "El Cuco", se iniciará el 24 de enero, mientras que para el de los otros cuatro mayores de edad aún no hay fecha. Esto resulta un problema grave, ya que podrían darse versiones contradictorias en la causa. «Al menor deberían juzgarlo junto a los otros implicados, aunque le aplicaría la pena del Juzgado de Menores», indica Gallardo. «Cuando se hizo la Ley de Menores, el legislador no pensó que los menores pudieran participar en hechos tan graves. Por esto, hay que reformarla, pero con tranquilidad.
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